Protección infantil y justicia: eje clave del nuevo marco legal contra la violencia machista
Como mencioné en mi último artículo, en los últimos años el Gobierno ha implementado no solo medidas paliativas para combatir el desamparo y la pobreza infantil, sino también mejoras legislativas.
En este sentido, desde hace algún tiempo tiene previsto reforzar la protección de los menores, incorporando a nuestra legislación nuevas disposiciones acordes con las realidades del siglo XXI.
Ya a finales de febrero de 2025 el Congreso de los Diputados aprobó la renovación y ampliación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el que se ha pasado 290 a 462 medidas, con el objetivo de responder a la necesidad de abordar las nuevas formas de violencia y de reforzar la protección integral de las víctimas. Su finalidad es combatir las violencias machistas en España durante los próximos cinco años.
Este nuevo marco legal supone un avance decisivo en la protección de las víctimas, especialmente de los menores, y en la tipificación de nuevas formas de violencia. Una de sus novedades más importantes es la inclusión de los delitos de violencia económica y digital contra las mujeres. En cuanto a la violencia económica, esta no se limitará al impago de las pensiones, sino que comprenderá también otras conductas como el alzamiento de bienes, las estafas, las apropiaciones indebidas o la administración desleal, ampliando así la protección penal de las víctimas.
Por otra parte, el Pacto tipifica la violencia digital como un delito en los supuestos de ciberdelincuencia de género, que podrá ser castigado con penas de prisión para quienes utilicen la inteligencia artificial para crear pornografía falsa sin consentimiento o difundir imágenes o audios simulados de contenido sexual o vejatorio sin la aprobación de la persona afectada.
El Pacto también persigue que se reconozca como víctimas a los hijos e hijas menores de madres maltratadas, evitando que puedan concertar o mantener convivencias o visitas con un padre agresor. Además, se mejorarán los protocolos socioeducativos y sanitarios para la detección precoz y se diseñarán mecanismos que puedan resultar seguros para que los menores puedan denunciar situaciones de violencia.
Tampoco estará de más que las redes asistenciales de la infancia (centros de acogida, familias de apoyo, centros cívicos, etc.) se diversificasen y mantuviesen unas ratios adecuadas a la población de los territorios para no ver comprometidos ni inhabilitados sus cometidos.
A la par de todo esto será necesario que se forme a todos los profesionales que trabajan en estos ámbitos con el fin de mejorar sus capacidades y, con ello, perfeccionar todos los sistemas de evaluación e intervención.
El nuevo marco legal contempla así mismo la supresión de las atenuantes de confesión y reparación del daño en delitos de violencia machista y prevé que todos los procedimientos relativos a una misma víctima se tramiten ante en un único órgano judicial y que, en caso de quebrantamiento de la pena establecida, se pueda dictar una resolución prohibiendo su acercamiento.
El Pacto insiste en la necesidad de aprobar una ley integral contra la trata, desincentivar el consumo de prostitución y combatir la publicidad de la misma. Además, refuerza la lucha contra el proxenetismo y prevé una atención integral a las víctimas de explotación sexual.
Por primera vez, el Pacto reconoce la existencia de una violencia de género de segundo orden, definiéndola como aquella que incluye las represalias, humillaciones y persecuciones contra quienes apoyan a las víctimas, incluidos los profesionales, ofreciéndoles su protección y reconocimiento legal.
Con este nuevo marco legal, España da un paso más hacia la igualdad social, liberando a su sociedad de violencias machistas y poniendo su énfasis en la protección de los menores y en la adaptación del sistema legal a los nuevos retos sociales y tecnológicos.
José Manuel Suárez Sandomingo
