La paga de los menores: un recurso educativo, no una “propina” política
He dedicado cuarenta años de mi vida profesional a la protección de la infancia. Primero trabajé como educador en un centro de menores con medidas judiciales y, más tarde, como pedagogo en los servicios centrales de la Xunta de Galicia. Cuando pisé aquel primer centro, la realidad era desoladora: más que un espacio de reeducación, parecía una cárcel. Los celadores se limitaban exclusivamente a mantener el orden y a exigir respeto hacia una autoridad que ellos mismos creían representar. Los educadores de aquella época fuimos los pioneros en un contexto completamente novedoso; de hecho, la profesión como tal ni siquiera existía formalmente, por lo que quienes estábamos allí veníamos del ámbito de la enseñanza, como maestros o pedagogos.
Tuvimos que diseñar desde cero una realidad educativa completamente nueva. El objetivo era establecer bases pedagógicas sólidas para reconducir conductas desestructuradas o inadecuadas, buscando siempre una convivencia armónica en el entorno social, familiar y grupal. Una de las estrategias más eficaces que implementamos fue la de ofrecer a los chicos una remuneración económica vinculada a su conducta integradora y a su proactividad en el proceso educativo. Este concepto se materializaba en una paga de fin de semana. Se establecía un importe máximo, pero la cantidad final dependía estrictamente de su comportamiento, existiendo la posibilidad de no percibir nada si este no había sido el adecuado. Dado que los internos tenían entre 14 y 16 años, buscábamos que esta asignación cubriera las necesidades lúdicas y cotidianas de cualquier adolescente de su edad en el seno de una familia normal. Resultó ser un recurso didáctico sumamente positivo que los motivaba a cumplir con sus programas educativos individuales.
Años después, durante mi etapa como pedagogo en los servicios centrales, me encargué de elaborar las programaciones estándar para todos los centros de menores de la comunidad autónoma. Cuando pretendí incluir el exitoso sistema de las pagas, me vi obligado a hilar mucho más fino: las necesidades de consumo y maduración de un niño de 7 u 8 años no tienen nada que ver con las de un joven a punto de cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, en todo ese proceso de planificación técnica, jamás se me pasó por la cabeza utilizar la etnia, la nacionalidad de origen o cualquier otro parámetro discriminatorio como criterio de evaluación.
Por eso, al enterarme de la decisión del Gobierno de Aragón, me he llevado las manos a la cabeza. La Consejería de Bienestar Social y Familia —dirigida por Vox bajo el paradójico nombre añadido de “Desregulación”, con el que parece buscar más bien la expulsión de los extranjeros— ha ordenado suprimir definitivamente la paga semanal de 17 euros que percibían los menores extranjeros no acompañados (MENAs) acogidos en sus centros. Lo más grave es que esta medida, dictada mediante una instrucción interna del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), mantiene la asignación para los menores tutelados de nacionalidad española, escudándose en criterios económicos de «prioridad nacional».
Que esta formación política desea expulsar a los ciudadanos extranjeros es un hecho de sobra conocido. Sin embargo, pretender que estos jóvenes paguen el “delito” de buscar una vida mejor —tras arriesgarla en un viaje infernal y cuando nuestro país los necesita con urgencia debido a la alarmante falta de relevo generacional— es el mayor de los sinsentidos. Era evidente que Vox carecía de políticas reales para mejorar la sociedad y que solo basaba su discurso en eslóganes diseñados para frenar el progreso; por ello, que el PP les abriera las puertas de las instituciones siempre me pareció una absoluta contradicción. Ahora, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, queda al descubierto el verdadero cariz de sus medidas.
Tratando a la ciudadanía como si fuera ignorante, el vicepresidente aragonés, Alejandro Nolasco, justifica el recorte calificando las asignaciones de “propinas” y asegurando que su ahorro equivale al coste de siete nuevas plazas en residencias de ancianos. Es una burda manipulación contable, como si el presupuesto de un servicio social tuviera que ver con otro tan distinto. Además, esta decisión introduce una discriminación intolerable entre chicos que conviven bajo el mismo techo y por los mismos motivos: el desamparo y la ausencia de protección parental. No es de extrañar que la mayoría de las fuerzas políticas y sociales hayan reaccionado con indignación ante semejante despropósito, tachando la medida de “racista, miserable y cutre”, acusándola de sembrar el odio y la división, y llevando esta flagrante discriminación ante la Fiscalía de Menores.
José Manuel Suárez Sandomingo
Presidente de la Asociación Profesional de Pedagogos y Psicopedagogos de Galicia
