De la intervención a la prevención: la asignatura pendiente de las leyes autonómicas de infancia
Hace unos días conversaba con una amiga, profesora titular de Pedagogía de la Inadaptación Social en la Universidad de Barcelona. Entre otros asuntos, analizamos el impacto de las leyes estatales de 2015 (la Ley Orgánica 8/2015 y la Ley 26/2015) destinadas a actualizar la pionera Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, norma matriz sobre la que se construyeron los marcos regulatorios de las comunidades autónomas.
Mi interlocutora me explicaba la profunda reestructuración que ha vivido Cataluña, donde la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ha pasado a denominarse Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). No es un cambio meramente cosmético: implica desplazar el eje de gravedad desde la intervención reactiva, una vez que el derecho ya ha sido vulnerado, hacia la prevención proactiva para evitar que el daño se produzca.
Este avance conceptual contrasta con la parálisis de la mayor parte de las administraciones autonómicas. Como denuncia el reciente informe de la Plataforma de Infancia, solo siete territorios han completado la actualización de sus legislaciones al marco estatal de 2015. Esta brecha normativa consolida un país que avanza a distintas velocidades y consiente diferencias territoriales inaceptables en la garantía de derechos de los menores según su lugar de residencia.
Las comunidades que sí han cumplido con sus obligaciones normativas son Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco. Estos territorios han blindado por ley el derecho prioritario de niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar, reorientando sus redes de protección hacia el acogimiento y los programas de apoyo estables.
En Galicia, por el contrario, esta adecuación sigue siendo una tarea pendiente. Las expectativas generadas por el presidente de la Xunta al anunciar un impulso inmediato de esta transformación han quedado en nada: transcurrido el plazo comprometido de tres meses, no se ha producido avance alguno, un desenlace previsible dada la complejidad técnica y la envergadura del reto.
A este retraso legislativo generalizado se suma un apagón estadístico preocupante. El informe de la Plataforma de Infancia incide en la falta de datos homogéneos y en las severas restricciones para acceder a información pública sobre el sistema. El desconocimiento sobre la realidad de los grandes centros residenciales, la duración real de los internamientos, los motivos de salida del sistema o las tasas de ruptura en procesos de adopción impiden evaluar de forma rigurosa la eficacia de la red de protección.
Modernizar las leyes autonómicas y edificar un sistema de información público, transparente y homogéneo son los dos pilares indispensables para transitar de una vez hacia un modelo residencial de corte familiar y comunitario que ponga los derechos de la infancia en el centro.
José Manuel Suárez Sandomingo
Presidente de la Asociación Profesional de Pedagogos e Psicopedagogos de Galicia
