La manipulación política de los servicios sociales

A menudo se cuestiona qué cualidades personales y formativas deben reunir quienes asumen responsabilidades políticas. Con cuarenta años de trayectoria en la Administración gallega, puedo afirmar que, en demasiadas ocasiones, la capacidad de las personas designadas no guarda relación con la responsabilidad y las competencias del cargo. Y este problema no es exclusivo de la Administración gallega; basta con escuchar, por ejemplo, a la consellera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias en Valencia, Salomé Pradas, admitir que desconocía por completo los protocolos hasta que se vio inmersa en la DANA, para corroborarlo.

Aun así, para ciertos cargos, los dirigentes buscan blindarse contra posibles críticas futuras, designando a personas con conocimientos en la materia o competencia que deberán asumir. Difícilmente alguien pondría al frente de una Consellería de Economía o Hacienda a un periodista o a una licenciada en Derecho. Y volviendo al caso de la Comunidad Valenciana, vemos cómo Mazón ha nombrado para uno de estos puestos a Ruth Merino, quien si es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, además de funcionaria de carrera como técnica de Hacienda.

Sin embargo, cuando se trata de nombrar cargos en servicios sociales, la selección suele ser mucho más permisiva, especialmente en los gobiernos de derechas, que tienden a ver estos servicios como una obligación inevitable, pero sin interés económico: un gasto sin retorno.

Al menos así parece en el caso de los servicios destinados a menores de edad, ya que, cuando se trata de los dirigidos a personas mayores, todos los partidos los priorizan, pues sus usuarios pueden convertirse en votantes, lo que los lleva a asegurarles las mejores prestaciones posibles. Un ejemplo claro es la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, que no deja de solicitar y recibir centros de diferentes particulares para mayores e incluso impulsa la creación de entidades que faciliten su alojamiento, mientras no hace ningún esfuerzo en el tema de los servicios para sus menores.

Recientemente, los sindicatos del sector de protección de menores y reforma juvenil le han exigido a la conselleira mejoras laborales, sociales y salariales, tanto para el personal como para las entidades responsables de la guarda de sus menores. Pues, al tratarse de niños bajo tutela de la Administración, esta debe asumir el coste de todas sus necesidades como si fueran sus hijos. Además, le han exigido que se les garantice la máxima calidad y seguridad y que cuenten con los recursos materiales adecuados, así como unas instalaciones dignas.

Lo cierto es que la conselleira no puede seguir ofreciendo convenios menguantes a estas entidades, algo que queda patente cuando estas mismas dejan de presentarse a los concursos o cuando estos se ven en dificultades para poder asumir a más menores de los que tienen conveniados. Es totalmente injusto que una Administración tutelar de menores espere que sean ellas, que no disponen de otros recursos que los que se les facilita, las que tengan que ser subvencionadoras de la Administración con sus propios recursos para mantener a unos menores de los que ella es la única y última responsable.

Ocultar estos hechos -que son reales y verificables por cualquiera- solo deja ver que las personas que están al frente de estos puestos en Galicia no saben, no entienden o no quieren saber y entender que estos niños, niñas y jóvenes son tutelados de la Administración y que ellos y las entidades que los protegen dependen económica y legalmente de que se les ofrezca el dinero necesario para cubrir sus costes.

José Manuel Suárez Sandomingo