Ya vienen los menores de Canarias

No fue fácil ni rápido, y durante el proceso hubo numerosas dificultades impuestas. Sin embargo, a pesar de todo —y especialmente de la resistencia de los dirigentes del Partido Popular— se ha logrado algo profundamente necesario desde el punto de vista humano: liberar a varios miles de menores de un entorno de exclusión, donde vivían hacinados y sin posibilidades reales de integración ni acceso a sus derechos.

Durante casi dos años, el Gobierno español ha tenido que enfrentarse a numerosas cortapisas y excusas. En Galicia, tanto el presidente autonómico como la conselleira competente han sostenido una actitud de constante tensión frente a la acogida de más de 300 menores, que llegaran en varias tandas.

Un análisis riguroso del sistema de protección de menores en Galicia revela una realidad preocupante: el tratamiento político de este colectivo roza el desamparo institucional. Para ello, basta con preguntar a los centros de acogida, que lidian con sobreocupaciones constantes y que, en muchos casos, optan por no presentarse a las convocatorias públicas, al considerarlas insuficientes frente a las competencias y responsabilidades que se les exige asumir.

O si no, que se lo pregunten, también, a los propios menores que son trasladados a otras comunidades por la falta de plazas en Galicia —una comunidad que, por mandato legal, debería ejercer su tutela en su territorio. Esta práctica no solo dificulta su integración natural en el entorno gallego, sino que los aleja de sus familiares y de los vínculos afectivos cercanos que podrían ofrecerles estabilidad en un momento clave de sus vidas.

O si no, que se lo pregunten a los técnicos de las unidades territoriales, que deben afrontar una carga de trabajo descomunal con recursos humanos muy limitados, en un contexto en que las problemáticas, familiares, sociales y educativas que atienden no dejan de crecer en complejidad y volumen.

O si no, que se lo pregunten a los técnicos de los centros públicos derivados a la gestión de entidades sociales que no disponen de las infraestructuras adecuadas para acoger a menores con trastornos de conducta, problemas de salud mental o discapacidades. Una delegación que, lejos de garantizar una atención especializada, pone en riesgo el bienestar de los menores más vulnerables del sistema.

Decir esto es quedarse corto frente al lamentable estado en el que se encuentra actualmente el sistema de protección de menores en Galicia. Mientras tanto, la Xunta no muestra reparos en integrar en el sistema de atención a mayores equipamientos bien dotados procedentes de donaciones particulares. Una disparidad que evidencia una preocupante falta de voluntad política para garantizar una protección digna y equitativa a la infancia vulnerable.

Además, hay que decir que la Xunta de Galicia cuenta con numerosos inmuebles cedidos por particulares e instituciones privadas, muchos de los cuales fueron destinados originalmente a la atención de menores. Sin embargo, en no pocas ocasiones, estos espacios no han sido habilitados para el fin previsto, lo que constituye una irregularidad evidente tanto respecto a la voluntad de los donantes como hacia los derechos de los menores que deberían haber sido sus destinatarios legítimos.

Y mientras todo esto ocurre, destina innumerables partidas presupuestarias a matrículas universitarias de jóvenes que no tienen ningún problema en pagar una de las de menor cuantía de España; ofrece gratuidad en las escuelas del primer ciclo de infantil para familias que ya llevaban sus hijos a escuelas privadas porque se lo podían permitir o bajan las cuotas de los autónomos que se den de alta por primera vez, generando una competencia desigual con los que ya estaban.

José Manuel Suárez Sandomingo