Una nueva ley educativa reducirá ratios y fijará la jornada docente en España
El Gobierno ha dado un paso importante en materia educativa al aprobar en primera vuelta un anteproyecto de ley que modifica la Ley 4/2019 con el propósito de reducir el número máximo de alumnos por aula y establecer una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado no universitario. Con esta iniciativa pretende corregir las desigualdades existes entre comunidades autónomas, mejorar las condiciones laborales del profesorado, a la vez que se garantiza una atención más personalizada al alumnado.
La reducción de ratios se aplicará de manera progresiva: en Primaria las aulas pasarán de 25 a un máximo de 22 estudiantes, mientras que en la ESO se reducirá de 30 a 25. Además, en los centros sostenidos con fondos públicos, cada alumno con necesidades educativas especiales contará como dos plazas, lo que permitirá reforzar la atención y los recursos destinados a este colectivo. En paralelo, la jornada lectiva semanal quedará fijada en 23 horas para Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas para el resto de enseñanzas, con la posibilidad excepcional de llegar a 20 horas, siempre compensadas con dos horas complementarias.
El calendario de aplicación se extenderá durante varios cursos: en 2026-27 entrará en vigor la nueva jornada lectiva y el cómputo doble de los alumnos con necesidades especiales; en 2027-28 se reducirá la ratio en Infantil y Primaria; en 2028-29 se aplicará en Secundaria; y en 2029-30 en Bachillerato, alcanzando su plena implantación en el curso 2031-32.
El Ministerio de Educación, además, trabaja junto al INE en la creación de un índice de vulnerabilidad socioeconómica que permitirá identificar los centros con mayor complejidad y necesidades específicas, lo que facilitará aplicar reducciones adicionales de ratios en función de la situación social y educativa de cada entorno.
La respuesta sindical, en términos generales, ha sido positiva, aunque critican la demora en su implantación y que el apoyo previsto se extienda a todo el alumnado con necesidades, y no solo a quienes tienen necesidades educativas especiales.
También piden más especialistas y ratios máximas para orientadores, en línea con la recomendación de la UNESCO de un orientador por cada 250 estudiantes y reclaman que la ley vaya acompañada de una memoria económica que garantice su aplicación en todas las comunidades autónomas.
Este anteproyecto representa, sin duda, todo un avance hacia la equidad, la inclusión y el bienestar docente y de toda la comunidad educativa, pero también abre un intenso debate político y social sobre su alcance, financiación y plazos de aplicación.
El Gobierno confía en que logre el apoyo mayoritario en las Cortes, pero, en la situación política actual, los sindicatos ya advierten de que se abrirá un gran debate político, aunque la verdadera batalla para todos los que formamos parte del ámbito socioeducativo será la de asegurar que las medidas se traduzcan en mejoras reales y efectivas para profesorado y alumnado y, así, abrir un nuevo capítulo en la política educativa española que, de prosperar, marcará el rumbo del sistema escolar en la próxima década.
José Manuel Suarez Sandomingo
Presidente de la Asociación Profesional de Pedagogos y Psicopedagogos de Galicia
