Hecha la ley, hecha la trampa

Hace alrededor de un mes, Australia intentó algo tan audaz como inédito: apagar las redes sociales para todos los menores de 16 años. De pronto, diez plataformas muy populares entre los adolescentes cerraron sus puertas a un grupo entero de usuarios. La medida se presentó como un intento de frenar el acoso, proteger a los menores de la invasión tecnológica en sus vidas y liberarles tiempo para otras actividades. Nadie sabía en qué acabaría todo aquello, pero muchos —padres, educadores y buena parte de la población adulta— pensaron que, al menos, valía la pena intentarlo.

Al principio, el silencio digital se interpretó como un triunfo. Una universidad realizó una primera evaluación y concluyó que cuatro de cada cinco adultos apoyaban la medida, especialmente los mayores de 65 años. Para ellos, la prohibición era casi un alivio moral: la sensación de recuperar el control sobre un territorio que sentían perdido y que interfería en sus vidas y conversaciones de forma constante.

Pero cuando se preguntó a los jóvenes, el panorama cambió por completo. El 80 % seguía usando redes de algún modo, y solo uno de cada veinte veía con buenos ojos la prohibición. Para los adolescentes, la ley no era un escudo protector, sino un muro. Un muro que, además, muchos sabían cómo saltar.

Los métodos para burlar el veto se multiplicaron desde el primer día. Algunos recuperaron el móvil viejo de sus padres, que conservaba la fecha de nacimiento del adulto. Otros accedían desde el televisor del salón, donde la cuenta de YouTube permanecía abierta. La comunicación presencial entre ellos aumentó, sí, pero solo para intercambiar trucos que les permitieran seguir conectados virtualmente. El viejo adagio volvió a demostrarse certero: “Hecha la ley, hecha la trampa”.
Entre las reacciones de adultos y jóvenes apareció un tercer grupo, minoritario pero significativo: quienes dependen de las redes para no quedar aislados. Jóvenes con discapacidades físicas, o con entornos muy limitados, para quienes las plataformas no eran un capricho, sino una herramienta esencial para comunicarse y participar en la vida social. Para ellos, la prohibición no resolvía un problema: lo agravaba.

Todo esto demuestra que una ley, por sí sola, no puede producir cambios sociales tan profundos como los que se pretendían imponer a los adolescentes. Pero también señala un punto de partida. Es el momento de que la sociedad entera se active y eduque frente a la irresponsabilidad que se había normalizado. De reinterpretar las necesidades de los jóvenes, de establecer pautas claras, de mantener conversaciones más fluidas entre todos los implicados.

Así como hemos ido perfeccionando el código de circulación a lo largo de los años, ahora debemos diseñar un código de convivencia digital. Un sistema de señales —acústicas, visuales o táctiles— que permita a cada persona saber qué puede o no puede hacer en cada momento, sin romper de golpe las carreteras por las que transitan nuestras vidas conectadas.

La vida sigue, y no solo en Australia. También en Dinamarca, Francia o España, donde ya se han planteado restricciones al uso de aplicaciones en Internet. Pero todos ellos, y los que vengan detrás, tendrán que idear un marco común que combine regulación y educación, tanto en la familia como en la escuela. Un código que, como el vial, todos deberemos conocer y respetar.

José Manuel Suárez Sandomingo