Sindicato de Concertada pide endurecer el acceso a los aspirantes a maestros
Este mes el Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene previsto publicar su propuesta de nueva carrera docente, tal y como recoge la última ley educativa, la llamada ley Celaá, que entró en vigor el 19 de enero de 2021. El secretario general de este sindicato de profesionales de la enseñanza concertada, privada y atención a la discapacidad se muestra favorable a establecer pruebas previas en las facultades de Educación para los aspirantes a profesor y un “MIR educativo” que consista en dos años de prácticas remuneradas antes de ejercer como maestro.
Las prácticas de ahora “son muy cortas, unas semanas, no funcionan bien, depende mucho del centro, del tutor… no puede ser que una cosa tan seria se haga así”, explica el responsable de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE). “Para que el sistema tenga calidad hay que atraer a los mejores por lo que hay que darle una vuelta total al acceso y a la formación universitaria. La nota de acceso a Magisterio es un cinco o incluso ninguna nota de corte porque sobran plazas y, en consecuencia, mucha gente acaba en esta carrera”.
En España, cada año egresan unos 23.000 profesores de Secundaria cuando las ofertas públicas de empleo, en los mejores años, no han alcanzado las 14.000 (de Infantil a Bachillerato), y en Magisterio se licencian unos 40.000 jóvenes (entre Infantil y Primaria). Estas cifras demuestran la necesidad de ajustar “la oferta y la demanda”, subraya Pueyo, quien reclama al Ministerio de Educación que en su propuesta de carrera docente no excluya a los profesores de la privada, que representan el 25% de todo el profesorado del país –207.000 de algo más de 750.000–.
“Lo que tenemos distinto es el modo de acceso al puesto de trabajo pero todo lo que es regular el acceso a la formación inicial en la Universidad, la formación del grado y si va a haber un MIR educativo con independencia de que luego unos vayan a hacer oposición o no, tiene que ser igual para todos. Tenemos miedo a quedar excluidos de esa normativa”.
El caballo de batalla: la financiación
Otra de las reclamaciones históricas de la concertada es la mejora de la financiación de los módulos de concierto. “Todo el mundo admite, porque es objetivamente demostrable, que el módulo económico de los conciertos es deficitario; desde hace mucho tiempo no se ha ido subiendo y cada vez la brecha es mayor respecto a la realidad de lo que es el mantenimiento de los centros y el salario del profesorado”. Por ello, el secretario general de FSIE pide constituir cuanto antes la comisión prevista en la Ley Orgánica de Educación (LOE) entre Gobierno, comunidades autónomas, patronales y sindicatos para establecer el coste real del puesto escolar y “dejar de estar en el vacío que estamos”.
El sistema de financiación de los colegios concertados se hace mediante los denominados módulos de conciertos, que están regulados por la LOE, que establecen que la Administración debe garantizar que la enseñanza se imparta en condiciones de gratuidad.
Tomando como referencia el número de aulas del centro, la Administración abona el pago de los salarios de su personal docente, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, así como otros gastos, que incluyen los costes del personal de administración y servicios, el mantenimiento, conservación y funcionamiento de estos colegios y los gastos del material y equipamiento necesarios.
Según este sindicato, la brecha entre el coste real de los puestos escolares y lo que paga la Administración se sitúa entre un 20 y un 40%, en función de las comunidades autónomas. Esta “deficitaria” financiación hace que las condiciones de los profesores del sector privado también se resientan. “Desde 1985, tenemos reconocido legalmente el derecho a la equiparación salarial con los funcionarios, algo que no se cumple”.
De media, un docente de la concertada cobra entre 600 y 800 euros menos al mes, “cuando el trabajo y el esfuerzo es el mismo”, agrega Pueyo, quien explica que los profesores de la pública se pueden acoger a la jubilación a partir de los 63 años mientras que ellos solo tienen derecho a una jubilación parcial.
“La Educación desgasta –añade–, es verdad que en unos niveles más que en otros, pero es una demanda importante que se permita el relevo a una edad aceptable y no se espere a los 65 años. No es bueno para la gente y tampoco para el sistema, hay que renovar porque en educación se necesita mucha energía, ilusión y ganas de trabajar con los alumnos y eso con la edad va disminuyendo”.
